La media sanción al proyecto para aumentar el IVA a productos informáticos y electrodomésticos vuelve a plantear las desigualdades de la política fiscal nacional y un debate sobre el proyecto digital del país. Mientras, Internet y la blogósfera geek arden en protestas contra la iniciativa.
Por si alguien tenía dudas de que en nuestro país tener una PC es un lujo, bueno: ya casi hay una ley que lo confirma. Hace unos días, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que eleva del 10,5 al 21 por ciento el IVA a los artículos electrónicos (como computadoras, celulares, monitores, aires acondicionados, entre otros) que sean importados o no estén fabricados en Tierra del Fuego, categorizándolos como "productos suntuarios". Es decir, tu reproductor de MP3 o, peor, tu estufa eléctrica es como una joya o un yate.
El proyecto cita por finalidad que "quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional", pero en realidad vuelve a mostrar las incongruencias y desigualdades de la política fiscal nacional y a plantear la necesidad de un debate sobre cuál es el proyecto digital de país que queremos.
Establecer un impuesto a la importación puede ser una de las muchas medidas que debe tener una política nacional de desarrollo industrial. Pero, hasta ahora, la creación de un gravamen que beneficia solo a una provincia y a una parte del sector empresarial local en cuestión es la única idea que salió desde el gobierno. Para peor, la oposición no presentó ninguna contrapropuesta, y el único cambio sobre el proyecto original radica en que las notebooks y las netbooks (justamente, dos de los productos de IT más "lujosos") quedaron exceptuadas del "impuestazo tecnológico".
La medida (regresiva, inoportuna y meramente recaudadora), es un golpe al bolsillo de la clase baja y media, ya que encarecería los productos entre un 25 y 30 por ciento, lo que acrecienta la brecha digital en un sector y hace más lenta la renovación y adopción de nuevas tecnologías en otro. Pero hay otros factores críticos:
- Va a contramano de los planes de informatización que lanzó el gobierno nacional, como el Programa miPC, que tiene como objetivo brindar modelos de computadoras a precios más accesibles para personas y pymes, que ahora se verían afectados por el aumento.
- Apunta a defender la industria nacional, pero en realidad la está dividiendo, ya que la ley solo beneficia a las empresas integradoras instaladas en Tierra del Fuego, que tendrían una reducción de impuestos internos del 61,47 por ciento. Se quedan afuera muchas compañías ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Córdoba, lo cual está provocando algunos enfrentamientos entre las entidades y cámaras que agrupan a las firmas del sector en las distintas regiones.
- Su intención de buscar una sustitución de importaciones es, en gran parte, una quimera, ya que nuestro país no brinda (ni lo hará, al menos en el mediano plazo) opciones locales para gran parte de los productos extranjeros afectados. Los celulares de "alta gama" son un ejemplo que trae otra implicancia indirecta. Estos dispositivos son los que permiten el acceso a servicios de telecomunicaciones 3G, y al encarecerlos se desalienta el consumo y se ralentiza la oferta y adopción de estas prestaciones.
- No presenta los elementos necesarios para incentivar la verdadera fabricación nacional. La industria de hardware argentina es, fundamentalmente, armadora. Se ensamblan aquí componentes prefabricados en el extranjero y, si bien esto no es lo ideal, tampoco es una deshonra para el orgullo patrio. Por el contrario, es la fuente de 18.000 empleos directos e indirectos, según la CAMOCA.
La cuestión pasa por alentar a que esta industria vaya "hacia atrás" en la cadena de producción, para que también se termine fabricando aquí la materia prima de los artículos. Con una medida que atenta contra el consumo y que no es federal, estamos muy lejos de tener en el sur, o en cualquier parte del país, la "Manaos argentina" que propone el gobierno, en referencia a la intención de replicar aquí el polo industrial informático que existe en esa ciudad de Brasil.
El proyecto no solo desató fricciones entre diversos armadores locales, sino muchas críticas en la población, desde los medios y, en especial, en Internet.
En Facebook se creó el grupo ¡Mi celu no es un lujo! (también tiene blog), que ya supera los 700 miembros, y en Twitter apareció el espacio #noalimpuestazo. Al mismo tiempo, hay una movida para que los usuarios envíen un e-mail a los senadores solicitando la desaprobación de la iniciativa.
Por otro lado, varios bloggers lanzaron el sitio http://noalimpuestazo.com/ donde hay información sobre la medida y su alcance, y algunos se transformaron en modelos de una original campaña de protesta con fotos que ironizan sobre las consecuencias que acarrearía esta ley que atrasa nuestro presente y (a)grava el futuro.
Leer en Rolling Stone >>
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